Los arquitectos critican la Ley de Servicios Profesionales que les hace competir con los ingenieros, quienes defienden el anteproyecto del borrador de la Administración
Guerra total entre arquitectos e ingenieros en España. El proyecto de Ley de Servicios Profesionales (LSP) que prepara el Ministerio de Economía y Competitividad ha enfrentado frontalmente a estos dos colectivos profesionales dado que eliminaría la reserva exclusiva de actividad que prevé la Ley de Ordenación de la Edificación (de 1999), con lo que también los ingenieros con competencias en edificación podrían proyectar y dirigir obras de viviendas o edificios públicos como escuelas o museos. El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ya ha manifestado en un comunicado que el borrador “podría poner en peligro el trabajo del sector productivo ligado a la arquitectura”.
Por el contrario, los ingenieros industriales ven con muy buenos ojos la LSP dado que entienden que “de confirmarse esta posible reforma incluida en la futura LSP, se favorecerá el consumo y la inversión al ser impulsadas por la mejora de la competencia”.
El borrador de la ley justifica que “si un profesional —arquitecto o ingeniero— es competente para realizar una edificación, se entiende que también será capaz de realizar otras, con independencia de su uso”.
El comunicado del CSCAE afirma que “la confusión entre la Arquitectura y otras profesiones puede provocar una concentración de actividad de las oficinas técnicas que sería contraria a la deseable competencia dentro del sector”. La institución también apela al reconocimiento social de la arquitectura y a su “interés público y cultural por ser la arquitectura donde se responde a la necesidades de las personas”. El manifiesto aboga por la colaboración entre profesionales.
El CSCAE ya ha tenido reuniones con la administración con el objetivo de modificar el borrador.
Más contundente aparece la opinión de la asociación Arquitectos por la Arquitectura (AxA), que rechaza de plano el anteproyecto de ley de servicios profesionales por las modificaciones que introduce en la definición del trabajo del arquitecto y que consideran supondría la práctica desaparición de la arquitectura como actividad.
Según la opinión de AxA el anteproyecto “suprime la reserva exclusiva de actividad propia de los arquitectos en diferentes ámbitos y habilita a ingenieros con competencias en edificación para proyectar y dirigir obras de edificios residenciales, culturales, docentes o religiosos, que hasta ahora únicamente eran competencias de los arquitectos”.
“El legislador parece ignorar que los edificios no son máquinas, que son el entorno de nuestra vida”, afirma el manifiesto de AxA. “Aún en el supuesto de que desde la ingeniería se garantizase una cierta corrección constructiva y económica, es seguro que difícilmente podría hacer frente a su síntesis con las otras variables funcionales, culturales, estéticas, sociológicas, etc. que la arquitectura engloba”.
Desde la asociación también se destaca que “en un momento en que la arquitectura española es conocida en todo el mundo, es un dislate el recorte de su campo de trabajo a otras profesiones absolutamente diferentes y aboga por la colaboración entre los diferentes colectivos profesionales”.
Los ingenieros, a favor de la LSP
Por el contrario, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales ha manifestado que “la LOE es inapropiada bajo el prisma europeo ya que se atribuyen competencias exclusivas para arquitectos en el proceso de edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, cuyo uso principal sea administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas su formas, docente y cultural, como si el uso al que va a ser destinado el edificio, fuera relevante a la hora de establecer la complejidad técnica en la fase de proyecto o de ejecución”.
Así mismo, los ingenieros industriales consideran la LOE una “Ley asimétrica, dando para algunos usos, competencias exclusivas a determinados profesionales, competencias que no se restringen, ni lo pretendemos, para el resto de usos”.
El Colegio de Ingenieros e Caminos, Canales y Puertos, a través de su presidente Juan A. Santamera Sánchez, también apoyo la LSP y dan un paso más allá al considerar que “la extensión de las competencias en edificación debe comportar que el visado profesional, que hoy rige en el ámbito de la arquitectura para los proyectos y direcciones de obra, debería extenderse a la obra pública”.