El intrusismo, la piratería, la competencia desleal, son lacras que las empresas instaladoras siguen sufriendo.
Es cierto que en los últimos años la colaboración entre Epyme e Industria ha dado sus frutos, pero es cierto también que estos problemas vuelven a la actualidad cada año especialmente cuando llegan las ferias. Pero no nos han cogido por sorpresa, y Epyme ya ha formulado querella criminal contra dos instaladores por vender boletines en Sevilla y Alcalá de Guadaira.
Las campañas de sensibilización en nuestra revista, y en los eventos que Epyme organiza sirven para mantenernos alerta contra el intrusimo; las reuniones con las administraciones ayudan a que los que nos gobiernan entiendan de la gravedad de la situación; artículos y reportajes en la prensa son útiles para que los consumidores conozcan los riesgos que entraña una instalación ejecutada irregularmente; pero está claro que si se quiere acabar realmente con los intrusos reincidentes la única forma es denunciarlos ante la justicia y ante la opinión pública.
Esto ya lo ha hecho Epyme en anteriores ocasiones, y es lo que su Comisión de Intrusismo ha decidido hacer a partir de ahora con todos los casos de intrusismo, o venta de boletines que lleguen a su conocimiento.
Como muestra de este propósito, Epyme ha formulado ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla querella criminal contra dos instaladores a los que se acusa de haber vendido certificados de instalación de casetas de feria que a todas luces no habían ejecutado y ni siquiera revisado.
Epyme argumenta su denuncia en que uno de los objetivos de la Asociación es eliminar dentro de lo posible la venta de Certificados de Instalación Eléctrica firmados por instaladores autorizados que no han ejecutado la instalación que certifican.
Es de todos conocido que una de las fechas en que este fenómeno se produce con más frecuencia es en la semana previa a la Feria de Abril de Sevilla, cuando en el Real se instalan puestos de venta de los boletines necesarios para que Sevillana dé suministro eléctrico a las casetas.
Así, en fecha reciente, Epyme recibió un sobre anónimo con dos Certificados de Instalación que la Asociación entiende que son falsos.
Ferias
El primero de ellos, firmado por uno de los instaladores denunciados por Epyme, obedece a una instalación emplazada en la Feria de Sevilla. Puestos en contacto con el Ayuntamiento de la ciudad, se nos ha facilitado información que probaría que dicha instalación no ha sido ejecutada por el instalador que firma el boletín.
El segundo boletín está firmado por otro de los instaladores denunciados por Epyme, y en esta ocasión corresponde a una instalación ubicada en la Feria de Alcalá. Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes también se ha comprobado que el denuciado expidió el boletín sin ni siquiera visitar la caseta, que ya según ha podido saber Epyme, ésta ya disponía de certificado de instalación al haber sido ejecutada por otro instalador autorizado.
Colaboración de la Junta
La Consejería de Innovacion, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía ha trabajado siempre codo con codo con Epyme en la lucha con el intrusismo, y requerida en relación a estos dos presuntos casos de venta de boletines ha informado que efectivamente, estos dos instaladores tienen certificados un número importante de instalaciones en las ferias de Sevilla y Alcalá respectivamente, lo que aviva las sospechas de la Asociación.
Esta sospecha se basa en que dichos instaladores, así como las empresas para las que trabajan, no hayan podido ejecutar las instalaciones certificadas, tanto por no disponer del tiempo ni de los medios materiales y humanos para ello.
Epyme ha solicitado por tanto que la Consejería de Innovación acompañe testimonio de todos los boletines firmados por estos instaladores, y asimismo, a la Tesorería General de la Seguridad Social, que informe del número de trabajadores que han tenido contratados sus empresas.
Epyme, asesorada por su Gabinete Jurídico, entiende que estos hechos pueden ser constitutivos de delito de falsedad documental según el artículo 392 del Código Penal en relación con el artículo 390.1, párrafo tercero, al suponerse en un acto la intervención de una persona que no la ha tenido, y ello al firmar la ejecución de una instalación eléctrica declarando que se ajusta a la normativa vigente, sin haber participado y ni siquiera revisado la ejecución de la misma.
La Asociación entiene por tanto que se produce una falsificación, que ya la única persona que puede emitir el Certificado de Instalación Eléctrica es el técnico que la ha ejecutado, tal como se especifica en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
La normativa es clara
El RBT es muy claro en este sentido, y en su artículo 18, letra d), párrafo 1, dice que “a la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación, emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica”.
Asimismo, en el párrafo 2 del citado artículo se establece que “las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores autorizados”.
En el mismo sentido se desarrolla la ITC BT-03, lo que corrobora que no hay ningún resquicio legal que permita a un instalador autorizado emitir un certificado de una instalación que no haya ejecutado.
Epyme confía, por tanto, en que su denuncia llegará a buen puerto y los culpables sean castigados de acuerdo a lo previsto por la Justicia.
