La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) denuncia que los errores regulatorios, la incertidumbre y el riesgo provocado en los últimos meses, han paralizado el mercado fotovoltaico nacional y amenazan con destruirlo definitivamente con la aplicación de medidas retroactivas. Las empresas –víctimas de la desconfianza de las entidades financieras, que huyen del negocio solar en España– no tienen más remedio que buscar mercados extranjeros donde desarrollar su actividad, pero alrededor del 50% no tiene capacidad para ello.
El Gobierno adjudicó 502 MW, pero por la adaptación al marco establecido en el RD 1578/08 sólo se instalaron unos 70 MW, apenas un 1,1% más que en 2008
Las fábricas operaron, en los mejores casos, al 25% de su capacidad y exportaron el 75% de sus productos
La capacidad nacional de fabricación creció hasta 1.400 MW anuales, pero la producción se derrumbó: en células hemos retrocedido hasta niveles peores que los de 2006
A las 50 fábricas fotovoltaicas nacionales hay que sumar más de 10 factorías con capital español en el extranjero
Casi el 50% de las empresas ya tiene presencia más allá de nuestras fronteras, sobre todo en Italia, Francia y EE UU
En 2009, la energía solar cubrió un 3% de la demanda eléctrica española; en Extremadura ascendió al 15% (con puntas en verano del 25%) y en Castilla-La Mancha al 11%
Los datos de producción solar indican que en octubre de 2009 podía haber entre 600 MW y 1.000 MW irregulares
Las tarifas fotovoltaicas no bajaron para tejados pequeños, bajaron un 2,7% para tejados grandes y un 13,9% para las plantas de suelo
El sistema eléctrico español necesita una profunda reforma para admitir la creciente producción con fuentes renovables
El año 2009 fue absolutamente desastroso para el mercado fotovoltaico nacional, cuyo valor cayó un 98,5%, pasando de los 16.380 millones de euros de 2008 a sólo 233 millones; si en 2008 se conectaron 2.500 MW, en 2009 se conectaron unos 70 MW. En el plano internacional, en cambio, a pesar de la crisis económica global, se instalaron 7.200 MW, un 16% más.
La adaptación al Real Decreto 1578/2008 –que provocó la parálisis total durante cinco meses para habilitar el Registro de Preasignación de Retribución (RPR)–, junto con la lentitud burocrática, el constante incumplimiento de los plazos establecidos en dicha norma por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), y la bajada de precio de los paneles solares (un 50% durante el último año), son las causas que explican la moratoria de facto sufrida durante 2009.
Fruto de la inactividad en España, casi el 50% de las empresas del sector se ha visto abocado a buscar actividad en otros mercados, ofreciendo tanto servicios como productos, pero con mayor peso en el primer caso, reflejando la propia situación nacional: por ejemplo, en España los servicios absorben el 75% del empleo del sector.
Reactivación truncada
El mercado nacional se reactivó a finales de 2009, y se trabajó con normalidad hasta que, hacia el pasado mes de marzo, el MITyC comenzó a generar incertidumbre y confusión sobre la aplicación de normas retroactivas. Esto, sumado a la brutal campaña de desprestigio que desde hace muchos meses sufre la energía solar, ha devenido en que las entidades financieras se niegan en redondo a comprometer sus recursos en el mercado fotovoltaico nacional y en que los potenciales clientes rechacen la fotovoltaica.
Tras un año en el que se han sucedido los cierres empresariales y los Expedientes de Regulación de Empleo, las empresas fotovoltaicas españolas están al límite. La falta de confianza es tal que hasta el propio hecho de tener instalaciones admitidas en el RPR –a priori garantía de actividad– puede ser una trampa: si estos proyectos no pueden ejecutarse por falta de financiación, se perderán los avales que se depositaron para respaldarlos, en algunos casos de varios millones de euros.
ASIF confía en que la cordura y la seguridad jurídica acaben imponiéndose, pero, ante el dramatismo de la situación, ha convocado una Asamblea Extraordinaria a inicios del próximo mes con el objetivo de decidir directamente con sus asociados las actuaciones oportunas, especialmente las de carácter jurídico.
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